La semana pasada la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) publicó los avances de los informes tanto de Comercio Interior como de Comercio Exterior del libro correspondientes a 2011. Como era de esperarse, en el mercado interno los resultados no son nada alentadores —y hay quienes dicen que las cifras reales son aún peores que las oficiales—. Los 2.772,34 millones de euros facturados representan un descenso del 4,1% de la facturación con respecto a 2010 —se supone que desde que empezó la crisis económica esta cifra llega al 18,1%— en un mercado en el que el crecimiento del número de títulos publicados viene acompañado de una disminución tanto del tamaño de las tiradas como de la cantidad de ejemplares vendidos. Y parece que aunque los pedidos cada vez son más pequeños, las devoluciones siguen aumentando sin parar y el modelo de financiación de las editoriales basado en la introducción en el canal de comercialización de un volumen de novedades que el mercado no está en capacidad de absorber muestra signos claros de agotamiento.
Éste es el panorama ante el cual la industria editorial española cierra el curso y se va de vacaciones de verano. Cada vez son más las voces que le atribuyen esta situación a la nefasta coincidencia entre la crisis económica, el cambio de paradigma y el auge de la piratería de contenidos digitales. Por el contrario, las voces que aluden a una crisis cultural relacionada con el sistema educativo o con los índices de lectura son más bien pocas. Y aunque a menudo se pone sobre la mesa la creciente reticencia de ciertos tipos de consumidores a pagar por los contenidos, no parece haber un esfuerzo por comprender las razones que explican este comporamiento.
Como si todo lo anterior fuera poco, mientras escribía esta entrada llegó a temerse que la subida del IVA que había anunciado el gobierno implicara la supresión del tipo superreducido para el libro. Lo peor que podría pasarle al sector en este campo sería que el IVA del libro en papel y el de los e-books terminaran igualándose pero no por lo bajo sino por lo alto.
Estaría bien que la industria editorial en su conjunto se tomara las vacaciones de verano como un período de reflexión y que se aprovecharan espacios como la 30ª edición de Liber —que se celebrará entre el 3 y el 5 de octubre próximos en el recinto Gran Vía de la Fira de Barcelona— para poner en común y confrontar los resultados del trabajo hecho durante estas semanas. Liber podría ser la primera parada de una ronda de eventos dedicados a la reflexión con respecto a la realidad actual del sector, a los desafíos que ésta plantea y a la manera de hacerles frente: procesos de resolución de conflictos y de construcción de consensos, creación de grupos de trabajo, establecimiento de objetivos así como de plazos para cumplirlos y definición tanto de líneas de acción como de estrategias y medidas a adoptar para hacerlas efectivas.
Hoy en día cada vez más gente debe estar preguntándose por qué habría de pagar por los contenidos que le ofrece la industria. Yo en el caso de los libros tengo clarísima la respuesta porque soy un lector asiduo cuyos gustos y criterios para seleccionar sus lecturas están muy bien definidos. Sin embargo, estoy seguro de que muchas personas con principios y hábitos de consumo diferentes de los míos quizás no encuentren una razón válida para pagar por leer libros en papel o en soporte digital y prefieran acceder a ellos por otras vías distintas. Y eso es algo que la industria editorial debería intentar entender aunque mucho le cueste. En un momento en el que los fundamentos de su modelo de producción y de negocio están siendo seriamente cuestionados es importante que la industria haga el esfuerzo no sólo de reinventarse sino también de participar activamente y con argumentos sólidos en la discusión en torno al valor de los contenidos y a las nuevas tendencias que están emergiendo en el consumo de éstos —un ejercicio que vaya más allá de las posiciones oficiales de las organizaciones gremiales y en el que tanto la aportación de ideas a la reflexión y a la discusión como la realización de acciones puntuales para alcanzar objetivos concretos primen sobre la propaganda institucional—.
¿Qué podría hacer la industria editorial para destacar el valor de los contenidos que produce y cuáles razones podría darles a los consumidores para incentivarlos a pagar por ellos?
- dar a conocer el trabajo que hay detrás tanto de la publicación como de la comercialización de un libro y el valor que aportan los distintos actores que participan en este proceso —desde el autor hasta el librero—.
- explicar cómo se distribuyen los ingresos de las ventas de los libros entre los distintos actores de la cadena de valor así como los costes del proceso de producción y los riesgos que cada uno de ellos debe asumir.
- reinventar su oferta en función de los cambios que están sufriendo el ecosistema del sector y los hábitos de los consumidores.
- redimensionar su negocio en términos del volumen de la producción, de los precios de los libros y de los márgenes de beneficio.
- en el caso de las editoriales no limitar la comunicación a informar acerca del lanzamiento de sus novedades, a anunciar las apariciones en público de sus autores o a hacerse eco de las reseñas y de los comentarios elogiosos que se publican sobre sus libros —es decir, ir más allá del autobombo—.
- trabajar en el campo de la formación de lectores y de la construcción de públicos para asegurarse una base amplia y sólida de clientes potenciales —de hecho, creo que la calidad de la educación, los índices de lectura, la inserción laboral, el desempleo juvenil y el poder adquisitivo de los jóvenes deberían ocupar un lugar central en las preocupaciones de la industria editorial y que ésta debería jugar un rol activo en la búsqueda de soluciones a estos problemas—.
Está claro que con estas acciones cuyos resultados no se ven en el corto plazo ni se venden más libros ni se salvan las cuentas de una empresa o del sector, que son dos problemas urgentes en un momento en el que están en juego la viabilidad y la supervivencia de toda una industria. Es por eso que no hay que perder de vista acciones prácticas que pueden tener un impacto tangible más inmediato como el diseño de estrategias de gestión organizacional para optimizar el uso de los recursos existentes, la puesta en marcha de iniciativas al servicio de la defensa de intereses gremiales y subsectoriales o el fortalecimiento de la presión en las negociaciones tanto con las instancias de toma de decisiones como con otros actores del sector —y aquí paro porque sobre todo esto habla mejor Manuel Gil, que lleva meses lanzando señales de alerta y propuestas alrededor de este tema—.
